La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021), cambia las reglas del juego en cualquier centro educativo. Crea la figura del coordinador o coordinadora de bienestar, refuerza el deber de comunicación y obliga a integrar la perspectiva de protección en todos los planes del centro.
La LOPIVI define como violencia contra la infancia «toda acción, omisión o trato negligente que prive a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenace o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación». Es una definición amplia que abarca maltrato físico, psicológico, sexual, negligencia, acoso, ciberacoso, mutilación genital y trata.
Su ámbito es integral: regula la prevención, detección precoz, protección, asistencia y recuperación en todos los entornos donde se desarrolla la vida del menor — familia, educación, sanidad, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia, deporte, ocio y entorno digital.
En el ámbito educativo, sus obligaciones más visibles son: la figura del coordinador de bienestar (art. 35), el deber cualificado de comunicación (art. 16), el plan de convivencia y los protocolos (arts. 31 y 34) y la formación de los profesionales (art. 5).
El personal de los centros escolares que advierta indicios de violencia debe comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes y, si peligra la salud o la seguridad del menor, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal (art. 16). Y atender a la víctima.
Obligatorio en todos los centros con alumnado menor de edad, sea cual sea su titularidad, bajo la supervisión de la dirección (art. 35.1). Es el referente principal para comunicar posibles casos de violencia.
Todos los centros tienen plan de convivencia con códigos de conducta ante el acoso, también el que sigue por medios digitales (art. 31). Las administraciones regulan protocolos contra el maltrato, el acoso y ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género y doméstica, el suicidio y la autolesión (art. 34).
Las administraciones garantizan formación inicial y continua a quien trabaja con menores: prevención y detección precoz, qué hacer ante indicios, uso seguro de internet y buen trato (art. 5). Los protocolos se acompañan de formación especializada (art. 34.4).
Educación afectivo-sexual adaptada al nivel madurativo, igualdad de género y diversidad familiar, de forma transversal en todas las etapas (art. 30). Uso seguro y responsable de los medios digitales (art. 33).
Los protocolos se redactan con la participación de niños, niñas y adolescentes, y se activan también por la mera comunicación de los hechos por parte del alumnado (art. 34.1).
El art. 35 de la LOPIVI obliga a todo centro con alumnado menor de edad, público, concertado o privado, a tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado, bajo la supervisión de la dirección. Es una figura que se solapa con la orientación pero no la sustituye: su función es de coordinación y enlace, no de evaluación psicopedagógica.
El art. 15 LOPIVI obliga a cualquier persona a comunicar indicios de violencia contra un menor; el art. 16 lo hace «especialmente exigible» a quienes lo cuidan o le enseñan, incluido el personal de los centros escolares. Comunicar significa poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente, no investigarlos ni dictaminar.
Lo que dice la ley: comunicación inmediata a los servicios sociales competentes y, si peligra la salud o la seguridad del menor, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal (art. 16.2). Dentro del centro, el protocolo de tu comunidad fija cómo intervienen la dirección y el coordinador de bienestar. Deja siempre constancia escrita.
La omisión del deber de comunicación puede acarrear consecuencias disciplinarias y, en supuestos graves, penales (art. 450 del Código Penal sobre omisión del deber de impedir delitos).
La LOPIVI es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Se publicó en el BOE núm. 134 de 5 de junio de 2021. Establece un marco global de protección que obliga a todos los entornos de vida del menor: familiar, educativo, sanitario, social, deportivo, digital y de ocio.
Es obligatorio en todos los centros donde estudian menores de edad, sea cual sea su titularidad, y actúa bajo la supervisión de la dirección (art. 35.1). Cada administración educativa fija sus requisitos y si lo asume personal del centro o personal nuevo (art. 35.2). Entre sus funciones mínimas: promover la formación, coordinar los casos que requieren servicios sociales, ser el referente para comunicar posibles casos de violencia y coordinar con la dirección el plan de convivencia.
El art. 16 hace el deber de comunicación «especialmente exigible» al personal de los centros escolares: ante indicios de violencia, comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes y, si peligra la salud o la seguridad del menor, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal. Además, atender a la víctima y colaborar con las autoridades. Dentro del centro se sigue el protocolo de tu comunidad, pero el deber legal es personal: el docente no investiga, comunica.
La LOPIVI es marco estatal transversal; el Decreto 32/2019 regula la convivencia escolar en Madrid. En la práctica, ambos se citan juntos en cualquier supuesto de acoso, ciberacoso o sospecha de maltrato familiar. La LOPIVI marca el deber de comunicación y la figura del coordinador; el Decreto autonómico regula el procedimiento concreto en el centro.
Comunica de forma inmediata a los servicios sociales competentes y, si la salud o la seguridad del menor está amenazada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal (art. 16.2). En el centro, informa a la dirección y al coordinador de bienestar, que coordina el caso según el protocolo de la comunidad, y deja constancia escrita de los indicios. La protección del menor prevalece sobre la confidencialidad familiar.
Sí. En cualquier supuesto que implique violencia (acoso entre iguales, ciberacoso, maltrato familiar, abuso sexual, autolesiones), el opositor debe citar la LOPIVI y describir las funciones del coordinador de bienestar. Junto con el Decreto autonómico de convivencia, son las dos referencias normativas clave en los supuestos prácticos de convivencia.
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