El acoso escolar es una de las situaciones más sensibles del centro y una de las más frecuentes en los supuestos prácticos de oposición. Esta guía recorre el marco de la LOPIVI y el protocolo vigente en la Comunidad de Madrid (Resolución de 26 de noviembre de 2024), fase por fase y con sus anexos y plazos, más los indicadores observables y la comunicación con las familias.
La diferencia no es semántica. La respuesta del centro cambia radicalmente.
| Dimensión | Acoso escolar | Conflicto entre iguales |
|---|---|---|
| Intencionalidad | Voluntad clara de dañar al otro | Discrepancia o desencuentro sin voluntad de daño |
| Repetición | Conductas reiteradas en el tiempo | Episodio aislado o esporádico |
| Asimetría de poder | Desequilibrio físico, social o numérico | Partes en condiciones de poder similares |
| Capacidad de defensa | La víctima no puede defenderse por sí sola | Ambas partes pueden negociar y resolver |
| Respuesta del centro | Activación del protocolo + LOPIVI | Mediación entre iguales y trabajo del tutor |
La víctima de acoso casi nunca lo verbaliza primero. El docente atento detecta el patrón en estos indicadores.
El orden importa: el tribunal espera que sigas la secuencia del protocolo de tu comunidad. Estas son las fases del de Madrid, con sus anexos; cada comunidad regula el suyo (LOPIVI, art. 34), así que si te examinas en otra, cita el de allí.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que advierta indicios, o el propio alumno que lo cuente, lo pone en conocimiento de la dirección. El personal docente tiene un deber cualificado de comunicación: no puede esperar a tener pruebas.
La dirección abre el protocolo con el Anexo I, que incluye el plan individualizado de protección inmediata del alumno (medidas de protección y acompañamiento emocional desde ese momento). Lo remite al Servicio de Inspección Educativa y a la Unidad de convivencia y contra el acoso escolar.
La familia no autoriza la apertura, pero se le informa de ella y de las medidas, con carácter general. No se hace si hay indicios de que la violencia la ejercen, inducen o toleran los propios padres, o de que su reacción pondría en riesgo al alumno: entonces se comunica a otras instancias.
La dirección designa a un único docente para recoger la información y analizar la situación, con el Anexo II (señales de alarma, factores de riesgo y de protección). Si no hay indicios suficientes o no son concluyentes, se planifica una nueva observación.
Dirección, jefatura de estudios, orientación, PSC, coordinador de bienestar y protección y tutor deciden las medidas en el Anexo III: plan individualizado de intervención, derivaciones (servicios sociales, salud mental, servicios especializados) y, si puede haber delito, comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a Fiscalía. Las medidas correctoras al alumno que acosa siguen el Decreto 32/2019.
Con las decisiones tomadas, la dirección cierra el protocolo con el Anexo IV y lo remite de nuevo a Inspección y a la Unidad. El plan individualizado de intervención sigue abierto en el centro hasta que la situación mejora, el alumno cambia de centro o termina su escolarización.
La comunicación con las familias es uno de los puntos más delicados del protocolo. Una mala comunicación rompe la confianza con la familia y puede acabar en reclamaciones contra el centro.
Tres principios de buena práctica:
Tres errores frecuentes:
Cuando se dan tres elementos simultáneamente: 1) intencionalidad de causar daño; 2) reiteración en el tiempo (no un episodio aislado); 3) asimetría de poder entre quien acosa y quien lo padece. Si falta alguno, normalmente estamos ante un conflicto entre iguales (que se trabaja con mediación), no ante acoso.
En la víctima: cambios bruscos de carácter, quejas físicas recurrentes los días lectivos, rechazo a ir al colegio, aislamiento social, descenso académico y materiales escolares rotos o perdidos. En el grupo-aula: exclusión sistemática, risas al pasar, líder informal que controla relaciones. En digital: grupos de WhatsApp con dinámicas excluyentes, comentarios humillantes en redes.
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede detectarlo y comunicarlo, y el personal docente está obligado a hacerlo de inmediato (LOPIVI, art. 16). En Madrid, tras la comunicación, el director abre el protocolo (Ley 4/2023, art. 35.4) con el Anexo I y lo remite a Inspección y a la Unidad de convivencia y contra el acoso escolar. Cada comunidad regula su propio protocolo (LOPIVI, art. 34): en tu supuesto, cita el de la tuya.
A Inspección, sí: en Madrid la apertura (Anexo I) y el cierre (Anexo IV) se remiten siempre a Inspección y a la Unidad de convivencia. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a Fiscalía, cuando puede haber delito o cuando la salud o la seguridad del alumno están amenazadas (LOPIVI, art. 16.2): agresiones, contenido sexual, amenazas graves, difusión de imágenes íntimas. Ante un riesgo inminente, 112.
El conflicto es un desencuentro entre dos partes con capacidad similar de defensa y sin voluntad clara de causar daño. El acoso implica intencionalidad, reiteración y asimetría de poder. Confundir uno con otro tiene consecuencias: activar protocolo de acoso para un conflicto trivializa el sistema; tratar como conflicto un caso de acoso desprotege a la víctima.
En Madrid, el acoso físico o moral a los compañeros es falta muy grave (Decreto 32/2019, art. 35.1.b). Las medidas van desde tareas en el centro fuera del horario lectivo, la prohibición de actividades complementarias hasta tres meses o el cambio de grupo, hasta la expulsión de determinadas clases (más de seis y menos de diez días lectivos) o del centro (más de seis y menos de veinte). En Educación Obligatoria no cabe la expulsión definitiva: en su lugar, cambio de centro (art. 35.2). La medida se gradúa según las circunstancias del alumno.
El protocolo se cierra (Anexo IV), pero el plan individualizado de intervención del alumno sigue abierto en el centro, con reuniones de seguimiento, hasta que la situación mejora, cambia de centro o termina su escolarización. Si cambia de centro, se transmite la información al nuevo, pero no la documentación elaborada por el anterior (así lo indica la Unidad de convivencia de Madrid).
El protocolo aplica desde el momento en que detectamos un patrón de acoso, sea cual sea la etapa. En Infantil (0-6) la conducta de acoso es muy rara como tal por la edad evolutiva, pero pueden aparecer dinámicas de exclusión sistemática que requieren intervención del tutor y de la familia. En Primaria, el protocolo se aplica con todas sus fases.
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